Autor: Antón L. Bierce

La corrupción aparece bajo muchas formas. Pero todas ellas tienen algo en común: el uso del poder del Estado –poder soberano- para proporcionar bienes privativos de los cuales se excluye arbitrariamente a otros. Partamos de algunas definiciones simples, para muchos contra-intuitivas.  ¿Qué es un mercado?. Un mercado es un sistema de transacción de bienes y servicios que, en un mundo ideal, permite una asignación de recursos óptima: cada uno de los que intervienen en la transacción obtiene lo mejor que puede obtener. El mundo ideal requiere de algunas condiciones que raramente se dan en la vida real: información perfecta (cada uno de los que intervienen en la transacción sabe lo que el otro ofrece) e igualdad o no restricción (ninguno de los que interviene puede obligar a otro a aceptar un bien o evitar que lo obtenga de un proveedor diferente o lo pueda ofrecer a un comprador distinto). Bajo estas condiciones ideales, los mercados no solamente son eficientes, sino que tienden a beneficio cero. Solo la innovación, la creación de productos o servicios nuevos que, momentáneamente, solo el innovador puede ofrecer, permite generar un desequilibrio temporal que permite al innovador capturar los beneficios de la innovación. Bajo esas condiciones los mercados aseguran el mejor mundo posible con los menores costes de transacción. Hay tres mercancías que no son susceptibles de responder correctamente a este mundo ideal, como ya señaló el poco estudiado economista Karl Polanyi: el trabajo, la tierra y el dinero. Las razones son únicas y respectivamente: plusvalía, limitación física y naturaleza política.

No todos los agentes económicos buscan mejorar su participación en las transacciones innovando; en términos históricos, aunque los innovadores son los que en el largo plazo tienen más impacto, son una minoría. Los demás intentan saltarse las reglas con una de las dos maneras siguientes o con ambas: creando barreras en el mercado y terminando por expulsar a los competidores y/o usando el poder soberano del Estado en beneficio propio (apropiándose directamente de bienes públicos y/o haciendo que el Estado cree barreras o ventajas en su beneficio).

La creación de barreras en el mercado apalanca sobre una particularidad del mundo real: pequeñas diferencias tienden a agrandarse en su repetición en las transacciones de modo que todos los mercados tienden a oligopolizarse o incluso a devenir en monopolio. En prácticamente ningún mercado el tamaño de las empresas o las marcas sigue una distribución estadística normal sino una distribución de potencia: muy pocas empresas alcanzan tamaños desmesurados y muchas permanecen pequeñas. Para contrarrestar esta tendencia natural –conocida como Mattew Effect– se inventaron las leyes ante oligopolio y antimonopolio. Leyes que para nuestra desgracia han caído en el olvido, haciendo que nos parezca razonable algo que no lo es: que las empresas –que por definición son organismos autoritarios y que no funcionan de acuerdo con las reglas del mercado- crezcan sin control, muy por encima del tamaño que les permite ser eficientes. Intentar impedir la división de empresas que han alcanzado un tamaño excesivo es una forma sofisticada de corrupción. Está por hacer la suma de todos los dineros que estas empresas usan cada día para impedir su partición.  El seudo nacionalismo económico suele ser la coartada tras la que se ocultan. Y los procedimientos de los que se sirven son legales (lobbing) o ilegales (sobornos). Organizaciones como el Open Markets Institute intentan recuperar la idea  de que la concentración económica genera pobreza, no prosperidad. Por ejemplo, en la banca hay un viejo principio, según el cual el tamaño del Banco no puede ser mucho más grande que las empresas a las que sirve. En España la desaparición de las Cajas de Ahorro ha supuesto caminar exactamente en el sentido contrario, con unas consecuencias económicas potencialmente catastróficas para la actividad económica de España.

Evadir las obligaciones que impone el Estado, en concreto las obligaciones fiscales, es desde la desaparición del Imperio Británico y la creación de los paraísos fiscales por las élites de la City, una de las formas más sofisticadas y “grandes” que adopta la corrupción y que requiere la intervención de “ejércitos de expertos” para su sostenimiento. Organizaciones como el Global Financial Integrity y el tax justice network han reunido información sobre como “fluyen” estos paraísos. La presencia de “nuevos entrantes” procedentes de China parece que les dará nueva vida. En 2018 de acuerdo con estimaciones de Hurun sitúan la riqueza acumulada por los 153 miembros más ricos de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en 650.000 millones de dólares. ¿Quién dijo comunismo?. Desde luego no el New York Times .

En cualesquiera escalas, siempre que se requiera la intervención de una autoridad pública (desde la asignación de un contrato, el nombramiento de un funcionario o el dictado de una sentencia judicial) es posible la presencia de corrupción, habitualmente bajo la forma de “soborno” y/o intercambio de favores.

Menos «sofisticada», y que se ajusta a lo que habitualmente se entiende por corrupción, es la apropiación directa de bienes públicos por parte de quienes han sido encargados de su gestión.  En España “sabemos” bastante de estos tipos de corrupción, que suelen atraer la atención mediática e influyen en indicadores “superficiales” como el de Transparencia Internacional . Otra de las formas, prevalente en muchos lugares de África y América del Sur es la expoliación por parte de las oligarquías locales no solo de los recursos del propio país, con la consecuente pobreza y sufrimiento de la población local, sino incluso de las inversiones extranjeras procedentes de países cuyos Estados son incapaces de proteger los intereses expatriados de sus nacionales. Más de un inversor despistado ha sufrido y está sufriendo las consecuencias en sentido inverso al que se supone «normal», del Sur al Norte.

La corrupción es una amenaza formidable a la Democracia, en cualquier lugar porque precisamente elimina la característica definitoria de la democracia: el control del poder. Y todo parece indicar que la Democracia, pese a todos sus defectos, está relacionada con la calidad y duración de la vida, según detalla un estudio publicado en The Lancet. Habida cuenta de que solamente tenemos una vida, no es poco.